By Zahra Smith, tom scriven y Tom Bealer, RPCK, 16 September 2024

El artículo analiza la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que obliga a ciertas empresas estadounidenses a revelar información sobre los beneficiarios finales para combatir delitos financieros como la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Las empresas formadas antes del 1 de enero de 2024 deben presentar sus informes antes del 1 de enero de 2025, mientras que las entidades más nuevas tienen plazos más cortos. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones civiles y penales. Se anima a las empresas a evaluar su situación y presentar la información a tiempo.

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La CTA fue promulgada por el Congreso como una forma de disuadir a los malos actores de utilizar empresas fantasma u otras estructuras de propiedad opacas para prevenir delitos financieros, incluidos el lavado de dinero, la evasión fiscal y la elusión de las leyes de sanciones económicas. Para lograr este objetivo, la CTA exige que ciertas empresas (cada una de ellas una "Empresa Informante") informen la información personal de sus beneficiarios finales en un informe (un "Informe BOI") que se presentará ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN"), el brazo de ejecución penal del Departamento del Tesoro. Los beneficiarios finales, en términos generales, son aquellas personas que, directa o indirectamente, se considera que ejercen un control sustancial sobre la Empresa Informante o que poseen o controlan el 25 % o más de los intereses de propiedad de la Empresa Informante. El 1 de enero de 2024, FinCEN comenzó a aceptar Informes BOI.

RPCK, Septiembre de 2024